El Gobierno aumentará un 23% los inspectores de Trabajo y aportará 30 millones para combatir el fraude

El Gobierno ha aprobado este viernes el ‘Plan Director por un empleo digno’, que incluye hasta 75 medidas para recuperar los derechos laborales “perdidos durante la crisis” y luchar contra el fraude laboral, a través de la incorporación de 833 nuevas plazas en la Inspección de Trabajo hasta el año 2020 y con la inyección de 30 millones de euros durante los próximos dos años.

Así lo ha avanzado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha matizado que estas medidas se enmarcan en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una iniciativa que persigue un trabajo “digno y decente”, posicionada contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial y los ‘falsos autónomos’.

Se trata de una acuerdo fruto de las negociaciones que el Ministerio ha mantenido con todos los agentes sociales, como los sindicatos UGT y CCOO, las patronales CEOE y Cepyme, organizaciones de autónomos, comunidades autónomas y representantes de la Inspección de Trabajo.

Dentro de las 75 medidas aprobadas se encuentran 55 actuaciones, como la lucha contra los contratos temporales que cubren actividades permanentes, los contratos parciales por lo que se cotiza menos de los que realmente se trabaja, la brecha salarial, la figura del ‘falso autónomo’ o la siniestralidad, y otras 20 medidas organizativas.

Además, el Plan Director incluye dos planes de choque que refuerzan los recursos humanos con los que cuenta la Administración, de forma que se incorporen 833 nuevas plazas en la Inspección de Trabajo, y los recursos materiales, con la inyección de 15 millones de euros en 2019 y de otros 15 millones en 2020.

Según Valerio, el año pasado se llevaron a acabo un millón de actuaciones en contra de la economía sumergida que afloraron más de 1.200 millones de euros de ingresos para la Seguridad Social, por lo que ha defendido que destinar más recursos materiales a la Inspección “es bueno” para las arcas públicas.

Las medidas también incluyen la introducción de una herramienta informática para la lucha contra el fraude laboral, un sistema que “agiliza” y hace más “rentable” la consecución de los objetivos. En este sentido, la ministra ha hecho alusión al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, que, según ella, también hacían planes pero “no ponían recursos encima de la mesa”, por lo que se trataba de “papel mojado”.

UN 10% EN EL PRESUPUESTO

La aportación de 30 millones de euros más durante la vigencia del Plan Director supondrá un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde el año 2012.

Por el lado de los recursos humanos, el incremento de 833 nuevas plazas de inspectores y subinspectores supondrá un incremento del 23% del total de la plantilla, que, actualmente, agrupa a cerca de 1.800 profesionales.

Las actuaciones de los planes de choque previstos contra el fraude en la contratación temporal y contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones detectadas, entrarán en vigor el próximo 1 de agosto con un plazo que se prolongará hasta el 31 de diciembre.

Por último, el plan también prevé la realización de un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector, y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Plan Director, en su conjunto, se evaluará en julio de 2020, mientras que los planes de choque, por su parte, se analizarán en enero de 2019.