La gobernanza fiscal: es una prioridad para los consejos de administración
Los cambios normativos introducidos en la última década han impulsado la importancia dada a la gobernanza fiscal en los órganos de gobierno y alta dirección de las compañías.
En esta última década, en España hemos pasado de una situación en la que los asuntos tributarios difícilmente se elevaban y se abordaban en los órganos de gobierno, a otra en la que las organizaciones, con el apoyo e impulso de sus consejos de administración, estén desarrollando sistemas adecuados de gestión y control de riesgos fiscales.
Esta tendencia se inició con la aprobación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que introdujo para las sociedades anónimas cotizadas nuevas obligaciones en materia de cumplimiento fiscal. Estos cambios han llevado a los consejos de administración a tomar parte en la definición de sus estrategias fiscales, así como a la revisión y aprobación de aquellas inversiones u operaciones de carácter estratégico o de especial riesgo fiscal.
Por otro lado, la disposición también obligó a estas entidades a elaborar e implementar sistemas de gestión y control de sus riesgos fiscales. Esto también ha permitido atenuar potenciales responsabilidades de sus órganos de gestión, y eximir y/o, en su caso, mitigar la correspondiente responsabilidad penal en relación con aquellos delitos contra la hacienda pública.
Desde entonces y hasta la fecha, el entorno ha ido evolucionando y ha impulsado a las grandes organizaciones en España con (independencia de ser o no cotizadas) a centrarse en desarrollar un modelo de compliance tributario. Dichos modelos incluyen factores que van desde el riesgo reputacional y la protección de su imagen corporativa a la sostenibilidad, pasando por los mecanismos de reporte.
En paralelo, han aumentado las actividades de promoción por parte de varias organizaciones, organismos y fundaciones nacionales e internacionales, centradas en fomentar que los contribuyentes elaboren y publiquen sus contribuciones fiscales en las jurisdicciones donde operan y/o que trabajen en sus perfiles de transparencia en materia fiscal, desarrollando metodologías de evaluación/índices de clasificación según el grado de cumplimiento.
En relación a este punto, se ha incrementado la necesidad de publicar determinada información de naturaleza fiscal.
Así, cada vez toma más importancia la concienciación sobre la relevancia de la gobernanza fiscal en los órganos de gobierno y alta dirección, fomentando la implantación de procedimientos de reporte periódico de determinada información fiscal que es revisada por el órgano de compliance tributario, por la alta dirección, la comisión de auditoría y por los consejos de administración de las principales organizaciones.
Todo ello a efectos de revisar y, en su caso, aprobar, aquellas operaciones con especial trascendencia fiscal, así como para evaluar el estado de sus sistemas de gestión y control de riesgos fiscales. A su vez, se está convirtiendo en habitual que, con periodicidad anual, se publiquen aquellos asuntos de naturaleza fiscal que han sido revisados tanto por las comisiones de auditoría como por los consejos de administración.
A su vez, en febrero de 2019 se publicó la Norma UNE 19602 – Sistemas de gestión de compliance tributario. La disposición establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de cumplimiento normativo tributario así como el resto de los elementos de un sistema de gestión de compliance tributario de una organización.
Esta norma permite que, tras un proceso de auditoría efectuado por una entidad certificadora, las compañías puedan obtener un «certificado de calidad» sobre su sistema de compliance tributario, tanto a efectos reputacionales, como a efectos de cumplir posibles requisitos de cara a concursos públicos o gestiones/trámites de carácter administrativo ante organismos públicos, o incluso frente a la propia Administración tributaria. De hecho, durante el ejercicio 2022, ha habido un incremento significativo de las entidades que están certificando sus sistemas conforme a esta norma y la tendencia está siendo al alza.
Por último, todo lo anterior se está conjugando con la necesidad de que se genere una relación abierta, fluida, cooperativa y transparente entre los diferentes órganos que componen la Administración tributaria y los contribuyentes. En España, la lista de empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias ha ido incrementándose constantemente, como también lo han hecho aquellas compañías que presentan el Informe de Transparencia en el marco de dicho Código, pudiendo obtener feedback de la Administración tributaria respecto de criterios fiscales a aplicar en relación con determinadas operaciones/transacciones que pudieran preocuparles.
Es por ello que la certificación conforme a la Norma UNE 19602 está siendo una gran herramienta que los órganos de gobierno están fomentando para asegurarse que se ha implementado en sus organizaciones un debido sistema de compliance tributario que les permita ser conocedores de aquellos asuntos fiscales relevantes y, en su caso, adoptar las oportunas decisiones. Dicha certificación, en definitiva, refuerza el compromiso de las compañías en materia de buen gobierno en el ámbito fiscal, confirmando el nivel de madurez de su sistema de compliance tributario que cada vez más está presente en los consejos de administración de las empresas.
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